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Benitatxell derruirá una gasolinera que está desde 1990 en suelo agrícola
LAS PROVINCIAS - 30.01.10 - LUCÍA RONDA
 
El Consistorio acata una sentencia del TSJ y los propietarios anuncian que pedirán 3 millones de euros como indemnización.
 
El Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell derruirá el próximo lunes la única gasolinera asentada en su término municipal. La industria se construyó en 1990 amparada por licencia emitida por el propio Consistorio a pesar de que se asienta en suelo catalogado como agrícola, un permiso que revocó el Tribunal Superior de Justicia en una sentencia fechada en mayo de 1997.
Desde entonces, los propietarios de la gasolinera han presentado numerosos recursos, lo que ha dilatado la ejecución de la demolición, que al final deberá ser pagada por el Ayuntamiento de Benitatxell y la empresa ya ha anunciado que pedirá una indemnización cercana a los tres millones de euros como compensación a una situación de la que considera a la Administración local única responsable.
Es más reseñan que el problema se hubiera solucionado si el equipo de gobierno no llevara paralizando desde hace un año el Plan General, un instrumento urbanístico que en su Concierto Previo grafiaba una parcela de 2.000 metros cuadrados (que incluye en suelo donde está la estación de servicio) como suelo industrial, por tanto, apto para este negocio.
La empresa ha recurrido al Tribunal Constitucional para que les ampare ante esta situación, un trámite que confían sirva para frenar in extremis la demolición, prevista a media mañana del lunes.
Sin embargo, según explicó ayer la alcaldesa, Josefa Ronda, el derribo está ya decidido «y como dice la última sentencia ya no cabe recurso alguno». Es más, la munícipe aseguró que el juzgado hace meses que está apremiando al Consistorio para que acate la orden de demolición. Los trabajos de desgasificar los tanques de gasolina y la destrucción de la estación de servicio, más el necesario proyecto, ya se han contratado por 50.000 euros.
Ronda afirmó que la gasolinera no se puede legalizar porque hace años que se le revocó la licencia de obras que se obtuvo en su momento «porque el promotor engañó al Ayuntamiento ya que no tenía ni la propiedad de los metros necesarios para construirla».
La munícipe lamentó que lo ocurrido deje sin empleo a cuatro personas. «A nadie le gusta hacer daño y menos en estos tiempos pero el derribo no podemos pararlo ya porque es una orden del juez y una condena contra el Ayuntamiento».
Asimismo, Josefa Ronda negó que la zona se declare industrial en el Plan General, como aparecía reflejado en el avance de hace un año. «Eso ha sido rectificado porque desde un principio el polígono se decidió ubicar al otro lado de la carretera y así se ha vuelto a planificar».
Desde la oposición se lamenta que este proceso judicial se haya prolongado «y degenerado tanto» y esperan que la indemnización por el derribo no acabe dejando en quiebra las arcas municipales.
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